Construir confianza para construir paz.
Algunos aportes para la reflexión.
Julia Lledín y Veronika Hölker
El baile de los observadores de la Misión de verificación de la ONU y los guerrilleros de las FARC-EP la noche del 31 de diciembre del año pasado se convirtió rápidamente en un escándalo nacional tras la publicación de las imágenes, que fue seguido de una serie de acciones de las partes y de la sociedad civil (escándalo mediático, expulsión de los observadores, comunicados de la comunidad y de las FARC-EP, entre otras). El problema no era tanto que los guerrilleros estuvieran bailando y festejando, aunque también, sino que los verificadores de la ONU lo estuvieran haciendo con ellos. Si bien las consecuencias del famoso baile pueden parecer exageradas, lo cierto es que esconden un problema de fondo, sobre el que es necesario trabajar para avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera; y este problema es el de la confianza o, más bien el de la desconfianza generalizada que como sociedad tenemos. A lo largo del proceso de paz, la desconfianza entre las partes, pero también, y quizá mucho más, de la sociedad hacia las partes no ha dejado de estar presente. Este hecho ha sido reflejado en los hallazgos de las grandes agencias de encuesta de opinión popular en Colombia y repetido también en una encuesta (gráfica 1) que está siendo llevada a cabo desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH); aunque el número de respuestas de esta última aún no es muy amplio (150), sí permite apuntar algunas reflexiones: sólo el 16.9% cree que ambos actores (Gobierno y
Gráfica 1. Encuesta CPDH 2016, realizada con personas en los departamentos Antioquia, Bogotá, Boyacá, Cauca, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca.
FARC-EP) cumplirán con lo acordado en su totalidad, de lo que se deriva que poca gente confía en las partes; además, el 15.5% sólo confía en las FARC-EP, mientras que el 2.7% lo hace en el Gobierno y el 8.1% desconfía de ambos. Frente a ello, aunque el porcentaje que cree que ambos van a cumplir parcialmente con lo acordado es amplio (52.7%), es necesario matizar esta información; en encuentros de diálogo público realizados por el CPDH, varias personas afirmaron que “van a cumplir solamente con lo que les interesa”. Esta reflexión es precisamente la que motiva este artículo.
Este estado de desconfianza(1) puede agravarse cada vez más porque en la medida en que la implementación de los Acuerdos avanza en el Congreso también crece la expectativa de que se sientan y vean rápidamente cambios positivos en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, las experiencias internacionales de construcción de paz nos deberían enseñar a ser pacientes al respecto, pues el proceso de posacuerdo suele ser largo e inestable y requiere de un alto nivel de voluntad política. Así las cosas, es importante que las partes involucradas en la implementación de lo pactado tomen medidas para generar confianza en la sociedad y así subsanar la crítica fase de lo que Villa-Vicencio (2014) ha llamado non-delivery(2): una especie de “vacío” poco después de la firma de un acuerdo, que si bien puede traer algunas reformas inmediatas no nos llevará a transformaciones profundas de manera rápida, situación que necesariamente profundiza las desconfianzas previas sobre lo pactado en un acuerdo de paz.
El presente artículo pretende dar algunas herramientas para sentar las bases de cómo entender ese concepto de confianza o desconfianza relacionándolo con un objetivo principal de toda transición: la reconciliación. Entendemos que la reconciliación es un proceso difícil y un objetivo de largo plazo; así, el artículo parte de que todo tipo de medida de justicia transicional en últimas debe estar encaminado a lograr dicha reconciliación, para lo cual debe comenzarse por medidas tempranas de construcción de confianza.
El artículo se divide en tres partes: en la primera se abordarán las discusiones teóricas sobre los conceptos a tratar en este trabajo, empezando por definiciones generales de la confianza, su relación con los procesos de justicia transicional y una breve introducción a la reconciliación y la denominada “confianza cívica” desarrollada por Pablo de Greiff. La segunda parte analizará la situación particular de (des)confianza en Colombia con miras al proceso o acuerdo de paz alcanzado en La Habana. Con base en las observaciones anteriores, se presentará en el tercer y último acápite un conjunto de propuestas tentativas de cómo asegurar que se fomente una confianza en la sociedad colombiana.
1. El concepto de confianza
1.1. Definiciones
La semántica de confianza tiene una historia bastante larga y compleja que se remonta a antecedentes en el griego antiguo y que durante la edad media cristiana comenzó a enmarcarse principalmente en términos de “fe en dios”. Esa fe se caracterizaba por ser una confianza no entre iguales, sino que esencialmente se subordinaba a lo divino y se entendía como única fórmula para sobrevivir en un mundo lleno de caos y resistir los temores que éste genera en los seres humanos (Morgner, 2013: 513-514). Escritores religiosos de la época distinguían entre ese tipo de confianza en algo divino y la confianza hacia uno mismo o hacia entidades seculares, como el dinero o amigos poderosos, advirtiendo que estos terminarían desvirtuando al ser humano que pretende seguir el camino de dios. De hecho, esa distinción se ve reflejada claramente en uno de los usos de “confianza” (trust) en la Biblia registrado en el Oxford English Dictionary (OED), donde además la diferencia se manifiesta en dos ítems lexicales (parte subrayada): “It is better to trust in the Lorde, then to put eny confidence in man” (OED, 2017). El trust que se señala aquí puede ser leído más en términos de “fe” en español y queda evidente que es superior a cualquier confianza dirigida hacia otro ser humano, traducida aquí con la palabra confidence.
Ahora bien, varios autores han señalado que el concepto de confianza ha evolucionado considerablemente y que en las sociedades modernas se ha venido estableciendo como un commodity – un producto social con valor de cambio que está presente en todas las facetas de nuestras vidas cotidianas, como sucede por ejemplo al comprar un carro usado o al contraer matrimonio (Gambetta, 1988 citado en Morgner, 2013: 510). De manera general, se podría decir que la confianza contemporánea se deriva de la siguiente lógica:
Decir que yo confío en ti en lo relativo a algún asunto significa que tengo razones para esperar que tú actúes de acuerdo con mi interés respecto a dicho asunto, porque tienes buenas razones para hacerlo, razones que se basan en mi interés. En ese sentido, puede decirse que existe confianza cuando A cree que B no le dañará consciente o intencionalmente, en el peor de los casos, y que tratará de actuar en su interés y protegerlo, en el mejor de los casos (Montero et al., 2008: 16).
Es necesario adicionarle a esta definición básica otras dimensiones que permiten delimitar el concepto de confianza según la situación de la cual se trata; en primer lugar y como lo proponen algunos autores se debe diferenciar entre “confianza particularizada en personas que conocemos” y la “confianza generalizada que se da en gente que nos es ajena” (Montero et al., 2008: 17). Además de esto, existe la categorización de la confianza social y la confianza política, donde la primera describe la confianza en la esfera privada como concepto que eslabona a los individuos de una sociedad a nivel personal, mientras que la segunda hace referencia a la confianza que se aplica a las instituciones en la esfera pública. Efectivamente, es en esta distinción micro-macro donde radica la distinción semántica y lexical entre los términos trust (esfera privada) y confidence (esfera pública) en inglés y que puede resultar útil al momento de referirnos a una u otra esfera, teniendo en cuenta que las dos serán de relevancia para el propósito de este artículo.
En lo que concierne a la confianza en procesos de transición negociada existe aún poca literatura, aunque cabe resaltar el trabajo de Herbert Kelman respecto de la construcción de confianza entre adversarios con el fin de posibilitar un proceso de paz, tema que será tocado más adelante. Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente acápite abordará la confianza desde la perspectiva de la reconciliación, concepto que se ha venido estudiando más ampliamente como objetivo y condición necesaria para que se pueda dar una paz genuina en un determinado país.
1.2. La confianza como elemento fundamental para la reconciliación
Cuando la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica (TRC, por sus siglas en inglés) concluyó su trabajo en el 2002 fue aclamada internacionalmente por su éxito en realizar un ejercicio construido como alternativa a la vía penal, enfocado en entender la reconciliación como intrínsecamente vinculada al esclarecimiento de la verdad. De hecho, para algunos observadores la TRC “constituyó un momento histórico en la trayectoria de las comisiones de verdad como instituciones, no solamente en lo que concierne la reconciliación, sino también por su uso innovador de audiencias públicas” (VanAntwerpen, 2014: 82). Así las cosas, no era sorprendente ver un elevado número de países interesados en imitar dicho ejercicio, situación que no dejó de ser controversial; la razón de esto es que, pese a su buena fama, la TRC no ha podido evitar algunas críticas, ya sea por su controvertida fórmula de otorgar amnistías a cambio de verdad o por su entendimiento particular de “reconciliación” que difícilmente podría ser aplicado a contextos política y culturalmente distintos. Es por ello que varias organizaciones e instituciones internacionales han advertido que una imitación de la transición sudafricana (o cualquier otra considerada “exitosa”) en otros contextos podría ser no solamente infructuosa, sino incluso peligrosa.
Lo anterior deja claro que la justicia transicional es un terreno altamente disputado. Buscar la fórmula adecuada para dar respuesta a las víctimas de crímenes atroces enfrenta numerosos retos, por más que se hayan establecido los derechos de las víctimas y los deberes de los Estados de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos en los convenios y lineamientos internacionales. Esto se debe, entre otras cosas, a la necesidad de adecuar toda fórmula de transición al contexto del cual se trata, situación que impide la articulación de un “modelo universal” de justicia transicional. Adicionalmente, la justicia transicional se basa en una serie de conceptos plurisemánticos, difusos y culturalmente cargados que, aunque suelen ser usados frecuentemente en el lenguaje cotidiano, no siempre se pueden delimitar fácilmente. Este es el caso con la antes mencionada noción de “reconciliación” pero también con muchas otras, como por ejemplo el perdón, la justicia o justamente la confianza. Lo cierto es que la experiencia sudafricana ha dejado plasmada la reconciliación como elemento fundamental de toda transición, concepto del cual se ha escrito y hablado mucho pero que, como se mencionaba antes, responde a una multitud de connotaciones culturales y además objetivas.
Bloomfield (2014) defiende que la reconciliación no es un objetivo con un sólo significado, un estado final de cosas, sino más bien un proceso que pasa por diferentes etapas sin poder muchas veces llegar realmente a ese estado final definido. Al tratarse de procesos personales y con un ingrediente psicológico fuerte, es difícil, cuando no imposible, afirmar que podemos llegar a situarnos todos en un mismo sentir o estado de ánimo respecto a quienes fueron durante el largo conflicto armado nuestros enemigos. Por el contrario, Bloomfield defiende que ese largo y lento proceso pasa por, al menos, tres estados en las relaciones humanas: la convivencia (ser capaz de vivir junto al otro), la confianza (comenzar a relacionarse) y la movilización hacia la empatía (comenzar a entenderse).
De una forma similar, Stauffer (2007) concibe la justicia restaurativa representada en tres imágenes: como un ancla de seguridad (a través de la existencia de medidas específicas y de la sensación de sentirse a salvo), una reserva de redes de relaciones y construcción de comunidad y como una guía para la armonía, el bienestar y el propósito de vida; podemos ver una simetría entre una y otra, donde la construcción de confianza se correspondería precisamente con la restauración de relaciones y de comunidad. La importancia de ese paso resulta entonces clave como punto intermedio hacia el acercamiento entre sectores sociales opuestos, pues permite poder comenzar a escucharse y, sobre todo entenderse, pueda esto implicar o no perdón en el caso de las víctimas. Desde el punto de vista de las acciones a desarrollar, tanto institucional como socialmente, pensando en la reconciliación como proceso, lograr la empatía entre enemigos es posiblemente imposible, sin lograr primero comenzar a buscar lugares de encuentro e intercambio.
En relación con esta idea de “restaurar relaciones”, varios autores, y sobre todos aquellos partidarios de la justicia restaurativa, han señalado que este tipo de justicia se caracteriza precisamente por la idea de que toda sociedad esté interconectada, y que por lo tanto es imposible vivir en un espacio que consiste únicamente en individuos aislados. La justicia restaurativa, aplicada en procesos de justicia transicional, según esta perspectiva busca principalmente el restablecimiento de las relaciones – tanto metafóricas como reales – en una sociedad. Esta visión restaurativa, basada en la teoría relacional podría constituir una base teórica adecuada para conceptualizar el punto de partida de la construcción de confianza como un escenario de (inter)relaciones. Entender una sociedad como eslabonada de esta manera debe ser el primer esfuerzo para comenzar a restablecer confianza en un país fuertemente golpeado por un conflicto.
De hecho, el académico y experto de justicia transicional, Pablo de Greiff (2012) en un esfuerzo de delimitar el volátil concepto de justicia transicional desarrolló la tesis de que esencialmente debe ser entendido como mecanismo para lograr una serie de objetivos de mediano y largo plazo; dos de ellos (en negrilla) se refieren precisamente a esa dimensión relacional de la que estamos hablando:
a. Mediano plazo: reconocimiento y confianza cívica
b. Largo Plazo: reconciliación y desarrollo democrático.
El concepto de confianza cívica aquí plasmado hace referencia a dos dimensiones. De un lado, la confianza entre “iguales”, es decir, entre la comunidad de ciudadanos o entre quienes están negociando directamente (confianza horizontal/social); de otra, la confianza de esos ciudadanos en el propio sistema del que hacen parte, es decir, en las instituciones del Estado (confianza vertical/política). En el caso de Colombia, ambas están profundamente erosionadas, pero también lo está una tercera dimensión que es la confianza en uno mismo, individual y colectivamente, como sociedad (confianza autocentrada) e incluso una cuarta, la del Estado hacia la gente; ideas generalizadas, como que los colombianos tenemos un “gen de la violencia”, que impide eliminar la violencia de la lucha política, que existe una “malicia indígena” que hace que no podamos confiar en nadie, que “acá todo está mal y va a seguir estándolo” o que es necesario perseguir a la gente porque si no, no pagará impuestos o no respetará al otro, son reflejo precisamente de nuestra desconfianza en nosotros mismos.
Para rectificar este tipo de pensamiento se requiere de una transformación profunda y larga. Naturalmente, y sobre todo en un contexto de conflicto armado interno que ha dejado sus huellas, esto no resulta fácil pero aun aceptando que puede ser difícil volver a confiar, hay que reconocer que una sociedad funcional no puede existir sino con una base mínima de confianza, ya sea particularizada, generalizada, social y/o política. Construirla se convierte entonces, como señala de Greiff, en un paso intermedio y necesario para poder avanzar hacia la reconciliación, entendida como “movilización hacia la empatía.
2. La confianza en Colombia respecto a la paz
Con la firma del Acuerdo Final de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, parece que podríamos comenzar a caminar hacia el fin del conflicto armado en el país, siempre pendientes de la implementación y de qué pase finalmente con el ELN. Las partes negociadoras han sido capaces, después de más de 50 años de conflicto armado, de lograr un acuerdo que ponga fin a su confrontación, lo que refleja un cierto grado de confianza entre ellas. Para ello han tenido que realizar también algunas acciones encaminadas precisamente a generar confianza de la otra parte, fundamentalmente los acuerdos humanitarios como el referente al desminado o los ceses de fuego y de bombardeos. Esto ha comenzado a darse allá en La Habana entre las partes negociadoras, en lo que Lederach (2016) llama “la punta de la pirámide” de las negociaciones de paz, la parte más visible, que involucra a un reducido número de personas.
Sin embargo, para la transformación del conflicto (Lederach señala que los conflictos no se terminan, sino que cambian sus formas), es necesario que ese acercamiento de comenzar a confiar en el otro, descienda también hacia la base de la pirámide, donde la realidad se complejiza, multiplicándose las experiencias de las personas. Además, aunque el papel de la sociedad civil en procesos de construcción de paz es clave, también puede ser problemático, puesto que ésta carga con los legados del conflicto, entre los que están la división social y la profunda desconfianza (Barrera, 2015: 64).
Así, se dificulta encontrar soluciones únicas para generar confianzas en toda la base de la sociedad, máxime teniendo en cuenta la gran heterogeneidad de la sociedad colombiana, y las diferencias territoriales que han marcado las dinámicas del conflicto; difícilmente, las medidas que se requieren para construir confianza en Chocó, pueden ser iguales a las que se puedan requerir en Bogotá o en la Guajira. Pero de otro lado, la sociedad demanda cambios reales en sus vidas, para poder sentir que el conflicto armado se terminó, y requiere que éstas se den rápido. ¿Cómo compatibilizamos esa urgencia de ver el cambio con la lentitud de los cambios sociales y de los imaginarios que han penetrado la sociedad?
Conocer esos imaginarios, que sustentan la desconfianza social desde la realidad concreta de cada territorio, puede ayudarnos a proponer medidas específicas que permitan ir construyendo confianzas; como ejemplo, en áreas rurales del país con presencia histórica de las FARC-EP, el cese unilateral que inició este grupo desde agosto de 2015 y el cese de bombardeos que el Gobierno decidió poco después, permitieron dejar atrás la sensación de alerta ante peligros constantes: saber que no iba a iniciar un combate o bombardeo en cualquier momento, afectó de manera muy positiva a las comunidades, que pudieron recuperar el espacio público y comenzar a dejar atrás el miedo a la muerte. Ese hecho puede entenderse como un primer paso, que comienza a transformar la vida cotidiana, si bien un cambio en profundidad de las condiciones de la misma se va a demorar mucho más. La paciencia es quizá una de las necesidades más importantes de los procesos de paz.
En nuestro caso, una de las características más extendidas en esa complejidad, como herencia de más de cincuenta años de violencia y de guerra, es precisamente la desconfianza. La guerra, como señala Martín-Baró “produce un trauma psicosocial, es decir, la cristalización traumática en las personas y grupos de las relaciones sociales deshumanizadas” (1990: 66). En el caso de las personas que han sido víctimas, la ocurrencia de un hecho traumático, como la pérdida de un ser querido, hechos de violencia sexual o de tortura o el desplazamiento forzado, pone en tela de juicio las creencias básicas, implícitas y emocionalmente construidas, que tenemos sobre el mundo “como un lugar benevolente o con sentido, como algo controlable en parte, lo que nos permite un sentido de seguridad. También se refieren a la confianza y relación con los otros, así como a la percepción de la persona con respeto de sí misma y su dignidad” (Beristain; 2010:14).
Socialmente, podemos establecer un paralelismo; la violencia sostenida en el tiempo, y más todavía la degradación del conflicto armado, así como la deshumanización del otro, parecen haber roto también esas creencias desde un nivel colectivo; hechos como los paramilitares jugando futbol con las cabezas de las personas a las que asesinaban, el collar bomba, el burro bomba, las casas de pique, la violencia sexual, mujeres embarazadas a quienes les acuchillaron el vientre o la generalización de las desapariciones forzadas, son algunos ejemplos de cómo el conflicto superó los límites morales y “normalizó” ese tipo de perversidades; en palabras de Uribe Alarcón (2004: 85) refiriéndose a las masacres en Colombia, históricas y contemporáneas “los actos atroces que las caracterizan continúan desafiando los presupuestos morales de la civilización”.
Pero además, como señala esta autora, se producen en espacios comunitarios, cargados de intimidad, prácticas culturales y relaciones, que “van a ser dis-locados y van a saltar en pedazos desde el momento en que irrumpan los individuos desconocidos, vestidos con prendas militares” (Uribe Alarcón, 2004: 85) que cometen esos actos de violencia. Es precisamente ese “saltar por los aires” de los espacios de la cotidianidad de las personas que son victimizadas y que se cuela en la cotidianidad del que observa por televisión, el que marca el momento de ruptura de las creencias colectivas. Es además en ese escenario en que aparecen los “roles” pensados precisamente para generar y profundizar desconfianzas y sospechas; los colaboradores o “sapos” se convirtieron así en una pieza clave de la guerra sucia (Uribe Alarcón, 2004: 87-93) y de la generalización de la desconfianza y la sospecha.
En el caso de Colombia, además, algunas formas de victimización han adquirido significados fuertes, especialmente en el marco de las creencias colectivas; un ejemplo de ello es la desaparición forzada, respecto al cual ni siquiera contamos con un consenso en torno a las cifras (ver CNMH, 2014(a): 248-249), y que resulta paradigmático en los efectos de incertidumbre y ruptura de creencias sociales de las que estamos hablando. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en una publicación de 2014 de cuatro tomos sobre la desaparición forzada, analiza en el tercero de ellos precisamente los impactos psicosociales de la desaparición forzada, tanto individuales como colectivos; en este trabajo, recogen cómo a la propia desaparición se suman una serie de factores revictimizantes, como la falta de respuesta estatal, el no reconocimiento social que afirma que “algo habrán hecho” y el propio vacío que deja la ausencia prolongada del cuerpo, que normalizan lo inhumano(3).
En ese marco entender y aceptar al otro, se va volviendo cada vez más complicado y se dificulta la posibilidad de tener en cuenta la perspectiva del otro desde una posición de aceptación; como señalan Posada Gilède y Parales Quenza, “en contextos de fractura de los vínculos sociales, caracterizados por desconfianza y aislamiento social, es probable que la perspectiva del otro se tenga en cuenta de manera completamente egoísta con desconocimiento del entorno, con el fin de obtener ventajas en situaciones de interacción” (2012: 259).
Como consecuencia de todo lo anterior, la impunidad moral, en términos del jurista chileno Roberto Garretón se ha impuesto: hay una ausencia de sanción social de los hechos de violencia, incluida la extrema que se ejerce a través del silencio, la minimización de los hechos y la culpabilización de las víctimas, pues “algo habrán hecho” (Beristain, 2005).
Todo ello refleja la profundidad de los efectos de la violencia y el hecho de que la desconfianza no se trata solamente de respuestas racionales y conscientes, sino que muchas veces responde a afectaciones emocionales y sensoriales profundas. La implementación del contenido del Acuerdo Final de Paz va a ser un difícil camino de vencer poco a poco esas desconfianzas e ir demostrando que el cambio es posible; en él son necesarias las acciones que lo demuestren, pero también la comprensión de que hace falta ir generando espacios de diálogo y de comprensión del otro que vayan más allá de una ejecución automática de lo acordado. Los anteriores procesos de paz, con el asesinato de líderes insurgentes desmovilizados y el incumplimiento de lo acordado son también elementos importantes que favorecen la falta de confianza en el caso de los procesos de paz; de igual forma, los incumplimientos del Gobierno respecto a las ZVTN, la existencia de disidencias de las FARC-EP o el aumento de los asesinatos y la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, son algunos hechos y falta de acciones al respecto que dificultan los avances y el compromiso con la implementación de acuerdos.
Colombia necesita hoy recuperar la confianza y para ello se hace urgente humanizar al otro. El Acuerdo Final de Paz, y dentro de él, el punto de Víctimas ofrece escenarios importantes para ello; como señala Parent, una de las potencialidades de la justicia restaurativa es la de restaurar la humanidad del otro, incluidos los perpetradores (cit por Lambourne; 2016: 67). Kelman que centra su trabajo precisamente en la construcción de confianza entre enemigos plantea algunos elementos a tener en cuenta. Varios de ellos se refieren fundamentalmente a quienes negocian y a los grupos de los que hacen parte directamente (tales como las acciones sucesivas encaminadas a lograr compromisos y garantías de la otra parte, la seguridad mutua o las “coaliciones difíciles”, como aquellos acuerdos entre quienes están directamente implicados en la negociación). Kelman (2005) propone dos elementos que se refieren también a la sociedad en su conjunto; de un lado, es clave contar con un “tercero neutral” que genere confianza (como la misión de la ONU en el MM&V u organizaciones internacionales con experiencia de trabajo y permanencia en los territorios, como el Centro Internacional de Justicia Transicional - ICTJ), en este caso, también en la implementación. De otro, si bien cada una de las partes tiene sus propios intereses, es fundamental que la sociedad crea en la seriedad y sinceridad de las partes, especialmente en que ambas partes tienen un interés auténtico en lograr la paz. En palabras de Kelman “el interés propio proporciona la evidencia más fuerte de la seriedad y sinceridad de las intenciones del otro y he aquí la base para trabajar la confianza” (2005: 646); entender y aceptar el interés del otro es un presupuesto básico para generar confianza, basada en la reciprocidad.
3. Propuestas para que la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) contribuya a generar confianza
A partir de las consideraciones expuestas hasta acá, creemos que es necesario comenzar a trabajar individual y colectivamente por recuperar las confianzas al interior de la sociedad. Tener presente de forma explícita el objetivo de la construcción de confianza durante el proceso transicional y de implementación de acuerdos y diseñar mecanismos destinados para ello resulta entonces clave (Lambourne, 2016: 67). Si no se logra avanzar en estos procesos de acercamiento entre quienes eran opuestos hasta hace poco y “limar asperezas” desde el nivel más básico del relacionamiento social, las posibilidades de un nuevo ciclo de violencia aumentan (Barrera, 2015: 66).
Lo anterior implica cambios y apuestas hacia el futuro; algunas de las medidas que pueden servir a ese objetivo pueden ser, por ejemplo:
● Tanto el Gobierno como el partido que creen las FARC-EP en su paso a la vida civil necesitan pasar de convencerse entre ellas de que son serias y sinceras, a pasar a convencer a la sociedad, mostrando sus propios intereses y tomando medidas que reflejen su compromiso real con el contenido del Acuerdo. Eso también implica seguir en la labor de pedagogía del Acuerdo de Paz, y que esta sea encaminada a la participación y la implementación efectiva de los mecanismos que se crearán en la fase posacuerdo.
● La gente requiere ver cambios reales en su vida, pero es necesario paralelamente manejar adecuadamente las expectativas; transmitir que el Acuerdo conlleva el fin de los problemas del país, aunque éste pueda ser un mecanismo para legitimarlo, puede generar un golpe más fuerte si no se cumple. Ese manejo adecuado que ayude a ver los pequeños y medianos cambios que se lleven a cabo puede ayudar también a comenzar a recuperar la confianza en nosotros como sociedad.
● Es necesario dejar atrás el lenguaje y las dinámicas de la guerra. Rectificar las mentiras que se han construido sobre el otro y también sobre las comunidades y civiles a quienes se ha involucrado en el conflicto, es una forma fundamental de restaurar la dignidad de las personas. Las partes, pero también y más todavía los medios de comunicación, tienen que desmontar el discurso de la guerra; estos actores resultan clave para poder avanzar en mejorar la confianza social y generalizada.
● El proceso de dejación de armas de las FARC-EP es una acción especialmente importante, pues puede permitir que comiencen a transformarse los discursos. Paralelamente, el Gobierno debe tomar medidas integrales y efectivas para mejorar las garantías de seguridad para el nuevo partido que surja del tránsito a la legalidad de las FARC-EP, pero también para la sociedad civil. Estas dos acciones deben darse de forma paralela y pueden constituir un escenario específico que permita comenzar a construir nuevas posiciones que permitan ir dejando atrás las desconfianzas.
● Las instituciones del Estado deben servir a la gente y a la construcción de confianza política y para ello, deben buscar un mínimo de coherencia interna. Es importante que se puedan llevar a cabo, y fomentar desde los representantes políticos, reformas institucionales encaminadas a favorecer la rendición de cuentas; en este sentido, las medidas contra la corrupción y el tráfico de influencias, la democratización y despolitización de la Procuraduría o la Fiscalía, así como una reforma de la Fuerza Pública que permita democratizar y cambiar la lógica de ésta a tiempos de paz, deben ser prioridades para el ejercicio legislativo en el país. Además, y con el fin de mitigar efectivamente las situaciones de non-delivery, estas reformes deben ser complementadas por acciones inmediatas de construcción de confianza como han sido llevadas a cabo durante las negociaciones (tales como las sustituciones de cultivos de uso ilícito o actividades de desminado) lo cual permitirá mantener la confianza de la gente mientras se adelantan medidas de carácter político y/o institucional que pueden ser más demoradas.
● Hay que tener cuenta que los trabajos que desarrollarán las diferentes instancias del SIVJRNR no necesariamente producirán resultados inmediatos (sobre todo en el caso de la CEV y JEP), por lo que se deben tomar en serio los tiempos establecidos para la puesta en marcha de dichas instancias y evitar que se retrasen las anhelados medidas encaminadas al resarcimiento de las víctimas. El incumplimiento con el cronograma en la actual fase de implementación de los acuerdos puede ser perjudicial para la construcción de confianza, tanto en la sociedad como entre las partes negociadoras.
● Las instituciones del Estado, así como los financiadores internacionales deberían llevar a cabo acciones que permitan fomentar los pasos privados encaminados a la construcción de confianza (Beristain, 2005), como por ejemplo, apoyar los proyectos de reconstrucción del tejido social formulados por organizaciones de base en sus territorios. Igualmente, los proyectos encaminados a la transformación de las condiciones de vida de las comunidades y la desigualdad deben ser prioritarios; aquí también el Acuerdo ofrece muchas posibilidades, especialmente para las comunidades rurales que más han sufrido el conflicto.
● En consonancia con lo planteado por la teoría relacional, la labor de las organizaciones sociales, pero también de las instituciones, especialmente las que tienen funciones de protección de derechos humanos y construcción de paz, así como de las entidades encargadas de implementar el Acuerdo Final, debe ir encaminada a construir relaciones en el tiempo que permitan abrir posibilidades de tender puentes entre quienes están, hoy por hoy, fragmentados.
● En ese mismo sentido, es importante encontrar “un tercero neutral digno de confianza”; para esta labor, es fundamental que ese posible tercero permanezca en el tiempo y tenga un enfoque territorial. La llegada coyuntural de actores externos, que no conocen el territorio y buscan aprovechar los recursos del post acuerdo, generan “acción con daño” y profundizan la desconfianza, en lugar de reducirla.
● Por último, las instancias del SIVJRNR (la JEP, la CEV y la UBPD) deben incorporar en sus reglamentos de funcionamiento de forma explícita la generación de confianza como un objetivo de su trabajo. La lógica del Acuerdo va precisamente encaminada a ese objetivo, de forma que hacerlo explícito lo hará más presente; de hecho, en el texto del Acuerdo se incluye como criterio orientador del SIVJRNR la “convivencia y reconciliación”, ligado a la función de la verdad para generar confianza, así como la necesidad de que los procesos de selección para magistrados y comisionados generen confianza. La justicia (componente JEP) no puede separarse en su implementación del objetivo último de la reconciliación para poder generar transformaciones reales; la construcción de confianza es un buen comienzo hacia ese objetivo más ambicioso.
(1)Utilizamos (des)confianza para reflejar los dos términos contrapuestos confianza y desconfianza, puesto que entendemos que es necesario tener en cuenta ambos, por la desconfianza existente y la necesidad de avanzar hacia la construcción de confianza
(2)Villa-Vicencio se refiere específicamente al non-delivery que surge como resultado de las promesas que se hacen en procesos de paz respecto a reparaciones y el respeto de derechos humanos, que si bien pueden ser genuinas, en muchos casos de tardan un tiempo en materializarse.
(3)Ese mecanismo “muestra cómo una sociedad afectada por una guerra de larga duración provoca la desestructuración de la vida individual y social, erosiona las diferentes identidades y proyectos de vida, impone como patrón de relacionamiento la ley del más fuerte, la corrupción como estilo de vida y la militarización de la vida social al igual que en la mente de las personas” (CNMH, 2014(b): 89).
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